Las rentas mínimas forman parte de las competencias autonómicas, y cada comunidad decide la cuantía básica, la aportación extra por hijo dependiente, la duración, o los requisitos para acceder a ella, entre otros. El resultado, apuntó Ayala, es un sistema muy desigual y falto de coordinación.
En suma, las comunidades se gastaron 1.040 millones en proveer rentas mínimas (apenas un 0,1% del PIB), pero País Vasco puso más del 43% de esa cantidad. “En general, las comunidades con menos nivel de riqueza ofrecen una cobertura mucho menor a ciudadanos con necesidades similares que las que tienen más posibilidades presupuestarias. Ha sido así, es así, y espero que no sea así en el futuro”, concluyó Ayala.
Reformas para las ayudas autonómicas
“El sistema de garantía de rentas mínimas debe asegurarse de que
todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos”, reclamaba
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en su informe sobre España,
en 2014. Para ello, cree imprescindible la intervención del Gobierno en
el sistema autonómico.
Cáritas dice que debe garantizarse entre el 75% y el 85% del
salario mínimo (entre 480 y 550 euros) a 700.00 familias sin recursos,
lo que multiplicaría por cuatro (hasta los 4.600 millones) el
presupuesto actual. Unicef aboga por elevar la ayuda por hijo de los 290
euros al año hasta los 1.200.
Luis Ayala estima que si este aumento del complemento familiar
llega al 75% de los hogares sin ingresos costaría unos 620 millones, que
podrían ser sufragados por el Gobierno central. Y plantea
coparticipación de Ejecutivo y comunidades para homogeneizar las ayudas.
Una renta de 430 euros al mes a todos los hogares sin ingresos
costaría, dice, 3.000 millones.
Fuente: El País y Luis Ayala
Fuente: El País y Luis Ayala
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