La sanidad entre comunidades
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| Sebastián Celaya |
El PP ha decidido, ahora que ha perdido muchos gobiernos autonómicos, no dotar de presupuestos al Fondo de Cohesión Sanitaria, un órgano que se hacía cargo de los gastos sanitarios que ofrecía una comunidad a residentes de otra. En el caso aragonés, por ejemplo, muchos ciudadanos de la Franja mantienen su vinculación sanitaria en Lérida, de la misma forma Aragón recibe pacientes de La Rioja o Soria en servicios de referencia. Lo que pretende el Gobierno es que sean las comunidades las que se pasen las facturas y paguen o cobren en función de los servicios prestados a los no residentes. El consejero aragonés, Sebastián Celaya, teme que se generen enfrentamientos entre comunidades. Ahora que pintan poco en lo autonómico, que los demás se busquen la vida. Y en atención sanitaria...
EL PERIDIOCO DE ARAGON
La amenaza de multas millonarias de la Unión Europea contra las comunidades autónomas que han decidido ofrecer asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles es un despropósito que revela el nerviosismo del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante la posibilidad de que el cambio político en diversas comunidades tras las elecciones autonómicas se extienda a las próximas legislativas. Las palabras del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, alertando de las consecuencias “catastróficas” que tendrá la decisión, más bien parecen un intento de poner diques de contención a lo que se vislumbra como una marea de mayor calado: la decisión de los siete Gobiernos autónomos que han cambiado de color de revertir lo que consideran políticas antisociales aprobadas por el Gobierno en la legislatura que termina.
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| Sanidad para todos |
La decisión de excluir a los inmigrantes de la sanidad pública (salvo menores, embarazadas y urgencias) fue impuesta por el PP gracias a su mayoría absoluta mediante un real decreto que se tramitó en 2012 por vía de urgencia, sin debate parlamentario y sin posibilidad de que la oposición pudiera presentar enmiendas. Junto a esta medida, el Gobierno introdujo un cambio esencial que afecta a uno de los pilares del sistema público español: su carácter universal. Por esta razón, en marzo pasado, todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos, suscribieron el compromiso de devolver a la sanidad española el carácter universal que nunca debió perder.
Con estos antecedentes, no es extraño que algunos Gobiernos autónomos, en el pleno ejercicio de sus competencias, hayan decidido otorgar la tarjeta sanitaria a inmigrantes empadronados, como vienen haciendo ya otras comunidades que decidieron desde el principio no aplicar el decreto. No tiene sentido que el Gobierno amenace ahora a Valencia, Baleares, Cantabria o Aragón por algo que Cataluña, Andalucía, País Vasco o Asturias vienen haciendo. Las amenazas han tenido el efecto contrario: otras comunidades se han sumado a la rebelión. Entre ellas, Madrid —gobernada por Cristina Cifuentes, del PP—, que dará acceso a la asistencia primaria y especializada.
Sorprende que Moreno haya utilizado expresiones tan contundentes y amenazadoras cuando el ministro de Sanidad anunció en junio que ofrecería asistencia primaria a los inmigrantes irregulares. De esta promesa nunca más se supo, seguramente porque dar acceso solo al médico de cabecera puede crear situaciones absurdas. Por ejemplo, si un médico de familia atiende a un inmigrante y sospecha que tiene cáncer, ¿no podrá enviarle al hospital a hacerse las pruebas? Y si se confirma el diagnóstico ¿le enviará a casa a morir porque en asistencia primaria no pueden administrar quimioterapia?
Lo razonable sería revertir con carácter general la exclusión de inmigrantes y acordar un mecanismo común de acceso que evite las actuales desigualdades.
La salud de todos (19/12/12)
Salud en precario (30/08/2012)
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