Al ciudadano se le puede pedir solidaridad para atender necesidades esenciales de la población si la Administración está haciendo también todo lo posible. Y desgraciadamente, no viene siendo así.
EL ARTÍCULO DEL DOMINGO
El Gobierno de Aragón ha presentado en las Cortes una ley de medidas tributarias para garantizar los servicios públicos esenciales con la que pretende recaudar cerca de 90 millones más el año que viene. Junto con los 180 millones de financiación adicionales prometidos por el Ministerio de Hacienda, la DGA justifica la subida de impuestos para hacer frente a parte de los retos políticos que se planteó el presidente, Javier Lambán, en su toma de posesión.
Ni a la oposición ni, por lo escuchado hasta ahora, a Podemos les convence un proyecto que prevé implantar en la comunidad los impuestos de hidrocarburos, sobre los embalses y, en Zaragoza, el canon de saneamiento por contaminación de las aguas. Y que además elevará el gravamen del IRPF para las rentas superiores a 90.000 euros, el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, y que eliminará bonificaciones en el de sucesiones y donaciones. A los supuestos socios de Lambán les parece que falta progresividad, y anuncian enmiendas, mientras que el PP califica directamente la ley de afrenta a la recuperación económica. Por la derecha, tanto la expresidenta Luisa Fernanda Rudi como el portavoz Bermúdez de Castro califican las medidas de "impuestazo" y afean al PSOE que ocultara en campaña electoral su intención de incrementar la presión sobre el bolsillo de los ciudadanos. Con un déficit de 620 millones, los populares estarían mejor con la boca cerrada, o pronunciando sus críticas con menos solemnidad, pero la política declarativa, y más en precampaña electoral, rebosa cinismo.
La subida de impuestos en una comunidad autónoma con las cuentas tan desequilibradas es necesaria, pero insuficiente. El Gobierno no puede dejar de plantear ahorros, para eliminar gasto corriente, y de renegociar la deuda que atenaza las cuentas públicas. Por eso se echa de menos que la ley de medidas tributarias vaya acompañada de otros proyectos, como por ejemplo la eliminación de una vez por todas de las duplicidades en los diferentes niveles de la Administración pública. Uno de los ejes políticos de Lambán durante la anterior legislatura fue la redefinición del papel de las comarcas, como organismos prestadores de servicios eliminando excesos suntuarios y de representación. Después de haber defendido esta postura incluso en un debate sobre el estado de la comunidad, ¿qué remilgos tiene ahora el presidente para llevar a cabo lo que reclamaba cuando no tenía la responsabilidad de ejecutarlo?
Al ciudadano se le puede pedir solidaridad para atender necesidades esenciales de la población cuando comprueba que la Administración está haciendo también todo lo posible. Y desgraciadamente no viene siendo así. En la anterior etapa de gobierno, Rudi enunciaba con tanta vehemencia como indeterminación reformas tendentes a la contención del gasto público que fracasaron una tras otra, bien porque no se atrevió a plasmarlas, bien porque fueron insuficientes. El ejemplo más claro fue el pomposo y repetitivo anuncio de racionalización del sector público aragonés, que apenas se adelgazó, manteniendo ratios globales insoportables de ineficiencia y endeudamiento.
Una DGA en manos de un político audaz como Javier Lambán no puede agarrarse a los clásicos axiomas de la gobernanza por los cuales una mayoría de ciudadanos están dispuestos a pagar impuestos para que una minoría excluida viva de las ayudas. Esa no es una sociedad moderna. La izquierda en el siglo XXI tiene que superar estos clichés, porque los ciudadanos aparentemente iguales son cada vez menos iguales. La redistribución de la riqueza no se consigue solo del modo en el que Fernando Gimeno, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, intentaba explicar estos días el porqué de la subida de impuestos. "¿Se han fijado que la cantidad que vamos a recaudar es justo lo que se llevará la renta social básica?", llegó a afirmar el responsable de las cuentas autonómicas. Para que sea efectiva, es necesario crear las condiciones para que se genere más riqueza y no solo redistribuir la existente.
Con una campaña en ciernes este debería ser asunto nuclear. Claro que con la afrenta catalana, las elecciones llevan camino de convertirse en una disputa emocional sobre la integridad nacional en la que probablemente un discurso elevado sobre la desigualdad y la redistribución no encontrará el hueco que merece. La provocación de un Artur Mas que se ha convertido en un títere en manos de unos radicales va a tapar cuestiones clave para el futuro del país. Cataluña ha robado al resto de los españoles la campaña electoral, y la posibilidad de que en un momento de interesante irrupción de nuevos actores políticos se ensanchara la mirada política de España. La locura catalanista lo embadurna todo, con un frente independentista que dinamita la democracia y amenaza la estabilidad institucional de un país harto de impertinencias nacionalistas.
Jaime Armengol. El Periódico de Aragón.
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