La política aragonesa, judicializada

El Periódico de Aragón

 

 

Cuando el laberíntico asunto de la Denominación de Origen Jamón de Teruel ha entrado en un extraño frenesí de imputaciones y desimputaciones, las investigaciones sobre las obras del tranvía de Zaragoza han dado otra vuelta de tuerca a lo que parece ser una nueva fase judicial de la política aragonesa. La próxima vista oral del interminable caso La Muela y el cierre de la instrucción sumarial del caso Plaza contribuyen asimismo a crear una atmósfera enrarecida, envenenada por las sospechas o las simples dudas. El problema ya no solo radica en la indignación ciudadana ante lo que percibe como un proceso continuado de corrupción en los ámbitos institucionales o parainstitucionales, sino también en el papel que están adoptando fiscales y jueces, cuyas decisiones condicionan la vida pública, para bien... o para mal.

EFECTOS DE LA JUDICIALIZACIÓN

 

Poner en cuestión las obras del tranvía es una vieja obsesión de la derecha zaragozana. Por eso, cuando una jueza se pone a investigar, tras una denuncia particular tramitada por el abogado que habitualmente representa al PP, todo el mundo sabe quién ha ganado el asalto. Lo mismo que pasó, por ejemplo, al paralizar un magistrado la remodelación de La Romareda o, hace bien poco, al imponerse por decisión judicial el concierto con el colegio privado Ánfora, en Cuarte.

 

Aunque estas sentencias o medidas cautelares tuviesen algún fundamento, no es menos cierto que sus efectos políticos fueron evidentes. Como lo será a partir de ahora la imputación de profesionales relacionados con las obras y la gestión del tranvía. No ha de existir mejor manera que esta de frenar en seco el proyecto de la segunda línea.

LA IMPORTANCIA DE LA CLARIDAD

 

Investigaciones, sumarios, imputaciones... No se trata de hechos y circunstancias neutros. Pueden tener efectos colaterales muy negativos. Lo tuvo, sin ir más lejos, el bloqueo de la rehabilitación de La Romareda. Pueden contribuir a confundir a la opinión pública cuando se producen en vísperas de una campaña electoral. Pueden causar daños irreparables al señalar a cargos públicos, aunque luego se les retire la acusación.

 

La ciudadanía está harta de corrupción, y con razón. Pero la judicialización por sistema de la vida pública quizás no resuelva nada y acabe encenegándolo todo.