FRIVOLIDAD FISCAL

La querencia de los ciudadanos por los impuestos es un amor condicional (a lo que se recibe).

SANDRA LEON

El debate fiscal en España muestra dos debilidades, una de forma y otra de contenido. La primera es un relato en el que todo vale. La pobreza argumental con la que los políticos han justificado reformas fiscales revela incapacidad o desinterés por gobernar elevando la calidad del debate público. La segunda es un desajuste entre el protagonismo electoral de las rebajas impositivas y las preferencias de los ciudadanos sobre impuestos y gasto público.

Sobre el primer problema tenemos numerosos ejemplos. Zapatero defendió la bajada de impuestos calificándola como política “de izquierdas”, como si su mero sello ideológico fuera una explicación suficiente o una respuesta clarificadora de las cuestiones que se debaten sobre dicha medida (por ejemplo, su conveniencia según el ciclo económico o su relación con la redistribución por el lado del gasto).

Pero el summum de la desgana en la justificación de la acción política es utilizar el mismo argumento para defender actuaciones de signo contrario, sin ofrecer aclaración alguna al respecto. El Partido Popular bajó impuestos en su último año de mayoría absoluta arguyendo que la reforma aumentaría la recaudación y hoy justifica de la misma manera la subida encubierta del impuesto de sociedades. La frivolidad con la que manosean la política fiscal se refleja en el incumplimiento sistemático de sus compromisos en la materia.

En segundo lugar, la obsesión electoral por la bajada impositiva no casa bien con las preferencias de la opinión pública. Aunque la mayoría de españoles cree que paga mucho y recibe poco, quienes quisieran aumentar los impuestos para mejorar los servicios públicos son más del doble de los que preferirían rebajas impositivas a costa de reducir las prestaciones públicas.

Por lo tanto, la querencia de los ciudadanos por los impuestos es un amor condicional (a lo que se recibe). Centrar la política fiscal exclusivamente en cuánto se paga puede ayudar a justificar rebajas impositivas, pero lo hará sesgando el debate, al ignorar que el compromiso fiscal de los ciudadanos se sostiene sobre la calidad de los servicios públicos que reciben a cambio.

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